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Como muestra de ésto, un botón: En un libro de entrevistas realizado por Pilar Urbano ("España cambia la piel.Entrevistas políticas." Ed. Sedmay, 1.976), nacido al calor del ambiente político del momento, Antonio María de Oriol y Urquijo -ex capìtán de Requetés durante la guerra civil, representante destacado de la oligarquía vasca, ex ministro franquista y, a la sazón, presidente del Consejo de Estado y miembro del Consejo del Reino-, se expresaba con absoluta trasparencia al responder a la pregunta de la periodista sobre el futuro político de España que se abría tras la muerte de Franco:"Lo importante es avanzar por el camino marcado el 18 de julio".

No menos interesante, de cara a desvelar intenciones futuras, resulta ser la repuesta dada por Miguel Primo de Rivera -sobrino de Jose Antonio, "hombre de confianza del rey en el Consejo" y Diputado en las Cortes franquista-, el 2 de enero de 1.976, a la indicada periodista: "Todo cambio debe hacerse partiendo de la constitucionalidad, y por supuesto, dentro del Movimiento. ¿Sabe por qué? Porque otra cosa sería la conformación de un Estado diferente al que tenemos." ¡Desde luego que no puede ser más claro sobre la intencionalidad del proyecto político que se pretendía seguir tras la desaparición de Franco por aquellos que manejaban las riendas del poder!

Más aún si se considera que Miguel Primo de Rivera sería el encargado de defender en las Cortes la ponencia sobre la Ley de Reforma Política, jústamente a los once meses de su respuesta a Pilar Urbano, y que muy a la ligera, como muchas de las cosas que sucedieron en aquellos años, se ha venido a calificar como, de "hara-kiri de las Cortes franquistas"

La visión seráfica que se nos vende de la Transición intenta hacernos ver que ya antes de su acceso al trono, Juan Carlos albergaba una intención democratiizadora para el país. Pues bien, la credibilidad sobre este posible proyecto democrático se tambalea en cuanto se realice un repaso objetivo de las fuentes documentales del momento o de las declaraciones que se hacen a la prensa por los protagonistas políticos más próximos al príncipe, como es el caso de los dos nombrados anteriormente. Más bien parecen ser la constatación de lo que se quería realmente realizar cuando se creía que aún se podría controlar el devenir político de forma más efectiva; antes de que lo que estaba pasando en la calle obligase a la reflexión y a la evolución de los esquemas previstos.

Una nueva prueba de esto se encuentra en la defensa de la ponencia que realizó Miguel Primo de Rivera en las Cortes y que se convirtió en un encendido elógio del régimen franquista, y que, fácilmente, puede ser comprobado al revisar las Actas correspondientes. El ponente afirmó que la sustitución de un régimen basado en la adhesión personal por otro fundamentado en la participación -las mismas palabras, utilizó Arias el 12 de febrero en su naufragado "Espíritu"- no iba a hacerse a través de la ruptura ni, mucho menos, abjurando del pasado o dejando de ofrecer lealtad a quienes habían gobernado el país en los últimos cuarenta años. Miguel Primo de Rivera aseguró que "lo que se pretende es hacer una nueva Constitución basada en la legalidad de la Constitución vigente", pasando a denunciar a quienes deseaban romper con el orden constituido por otros métodos, que negaran su legitimidad y su capacidad de evolucionar dentro de su propia lógica. El sobrino de José Antonio llegó a proclamar su lealtad a Franco "sin renunciar a mi devoción personal por él, a cuya sombra crecí y viví en paz, lo mismo que tampoco renuncio a mi condición joseantoniana", y acabó por solicitar a los procuradores su voto favorable "desde el emocionado recuerdo de Franco y por nuestra lealtad al Rey".

La escenificación prevista y organizada contó con la intervención de Fernández Suárez centrada en responder a los argumentos presentados por los procuradores opuestos a la reforma considerando que era inaplicable sin romper los principios del régimen, se dedicó a enumerar minuciosamente las posibilidades que la propia legalidad vigente ofrecían para modificarla sin violencia de la ley alguna. Ante argumentos como los expuestos para la defensa, el rechazo del proyecto no tenía demasiados recursos ideológicos, habiéndose enfrentado a una vehemente defensa de la legitimidad del régimen al que habían servido, ni recursos políticos para disponer de una alternativa en el seno de las instituciones, al saber que el monarca y o las Fuerzas Armadas estaban decididas a apoyar al gobierno. Es difícil, por tanto, calificar de hara-kiri lo que se estaba presentando de esta forma, en unas condiciones que sólo podían interpretarse de acuerdo con lo que sucedió después por el clima político existente, pero no por el texto que se presentaba a la votación ni por la manera en que se había elaborado, basada en el desconocimiento de cualquier concesión hecha a la operación democrática.

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