Gumersindo ya tiene prólogo

Mikel Arizaleta

Gara

«¡No venga usted a molestarme! ¡Vago! ¡Cien veces vago! ¡Vaya usted a trabajar (...) No habéis trabajado en toda vuestra vida, pero vivís a costa de la Religión», le espetó uno de los catorce fusilados en la madrugada del 15 de diciembre de 1939 a otro cura que acompañaba al capuchino Gumersindo de Estella en la cárcel de Torrero de Zaragoza. Amplios sectores de las clases populares consideraban a los curas como: «parásitos siempre al lado del poder, viviendo del cuento de la religión». No se conoce otro régimen autoritario, fascista o no, en el siglo XX ¡y mira que los ha habido de diferentes colores e intensidad! en el que la Iglesia asumiera una responsabilidad política y policial tan diáfana en el control social de los ciudadanos como en el Estado español. Ni la Iglesia protestante en la Alemania nazi, ni la católica en la Italia fascista. En ningún caso llamaron a la venganza y al derramamiento de sangre con la fuerza y el tesón que lo hizo la Iglesia católica en España, quizá comparable con lo que ocurrió en Croacia entre 1941-1945 entre Ante Pavelic y los ustashi, por una parte, y el primado Alojzije Stepinac y la Iglesia con los frailes franciscanos asesinos, por la otra. «Nunca tenían bastante esos clérigos, que derrochaban regocijo, religiosidad y pasión. Como ese fraile cordobés, que le decía al cura del cementerio de san Rafael que setenta y seis asesinatos en una noche eran pocos: ‘¡setecientos deberían ser!'».

Antonio Bahamonde, que sabía muy bien de qué hablaba, decía que «a los informes facilitados por los sacerdotes se deben muchos fusilamientos». Gumersindo sabía que muchos de esos presos, que acababan ante el pelotón de fusilamiento, habían sido denunciados por los propios curas. Y el cura Marino Ayerra de Alsasua denunciaba, en otro documento estremecedor el «placer inconfensable» que los sacerdotes sentían ante las ejecuciones. «¡Que no quede un maestro vivo!», coreaban los requetés sublevados de Navarra.

Las normas que el obispo de Teruel, Anselmo Polanco, envió el 10 de agosto de 1937 a los «señores arciprestes y curas» sobre la inscripción de defunciones en su diócesis mostraban su destreza para mantener la falacia de que en un bando se asesinaba impunemente y en el otro todo se ajustaba a la ley. Los muertos por los «revolucionarios» tenían que constar como «asesinados», si la muerte se debía, en cambio, a una «orden de la autoridad militar» la palabra exacta era fusilado, pero sólo cuando conste «oficialmente» o sea «notorio» (la mayoría de las veces se describía como «accidente relacionado con la guerra», «hemorragia interna», «herida por arma de fuego», el ejecutado por garrote vil se inscribía como «asfixia por suspensión»).