La Vida ....... El río que nos lleva.

El 6 de agosto un millar de personas recibían en la Estación del Norte a tres de los siete implicados en el sumario abierto por los sucesos del tres de marzo. Otros tres ya estaban en libertad y un séptimo estaba huido. Sus expedientes habían sido sobreseidos por el Tribunal de Orden Público.

Por los hechos del 3 de marzo se abrió un expediente que fue pasando de tribunal en tribunal hasta que el Juzgado Militar instruyó la causa 39/77 que acabó en sobreseimiento provisional. Se archivó alegando que: "no había motivos suficientes para acusar a personas determinadas como autores del delito". El informe de la policía, en el que se basaría el de la Dirección General, emitido varios años más tarde, decía:

"...los sucesos acaecidos el 3 de marzo de 1976... debido en gran parte a la falta de medios económicos y a la demagogia de los "líderes", los cuales, en las Asambleas que celebraban en las Iglesias conseguían crear en los obreros un estado de superexcitación que los convertía en una masa sin control... llegó un momento en que los "líderes" les instaban a que dichas manifestaciones no fuesen pacíficas y que llevasen palos, cadenas, porras o cualquier otra arma contundente, con que hacer frente a las Fuerzas de Orden Público y conseguir así que toda Vitoria viera la unidad existente entre los obreros... las Fuerzas de Orden Público procedieron a invitar al desalojo de la iglesia, pero viéndose insultados y abucheados por una multitud agresiva, hicieron uso de los medios antidisturbio de que disponían, momento en que los manifestantes, entre 8.000 y 10.000 personas, se abalanzaron sobre ellos portando toda clase de objetos contundentes, incluso cuchillos y cristales de la propia iglesia envueltos en pañuelos a modo de arma blanca, por lo que la Fuerza actuante se vio desbordada y para defender sus propias vidas hicieron uso de sus armas reglamentarias...".

En Octubre de 1999 se constituía la Asociación de Víctimas y familiares de víctimas 3 de marzo de 1976. Recogían así el testigo de quienes desde el principio habían intentado, en vano, el esclarecimiento de los hechos. Presidida por Romualdo Barroso y José Luis Martinez de Ocio, padre y hermano de dos de los asesinados, inició una andadura tenaz para conseguir el reconocimiento institucional de la verdad de los hechos, para exigir responsabilidades, y para que se reconociera a todos los afectados como víctimas de la violencia del Estado.

Desde entonces se han multiplicado sus iniciativas ante el Ayuntamiento de Vitoria, Diputación Foral de Alava, Juntas Generales de Alava y Parlamento Vasco. Se han desarrollado campañas entre los trabajadores y ante la sociedad civil. Se han realizado estudios e informes remitidos, junto con las demandas, ante las instancias judiciales, que no han querido asumir su competencia. Van a recurrir al Tribunal Europeo de Estrasburgo y están dispuestos a llegar hasta donde haga falta.

Porque la realidad es que, veintiocho años después, las víctimas de aquellos sucesos no han obtenido ningún tipo de reparación: ni en relación con los responsables materiales y políticos, porque no se conoce formalmente a ninguno, a pesar de todas las pruebas y grabaciones existentes, ni en relación con los perjuicios de orden económico y moral causados. He aquí una de las consecuencias del proceso de reforma política, lo que explica por qué los partidos de izquierda con representación parlamentaria miraron hacia otro lado. Especialmente el PSOE que, junto a la UGT, tienen una deuda pendiente para hacer prevalecer la verdad de lo que ocurrió. Por eso aquella inscripción escrita con sangre, ¡Justicia!, y aquel grito, ¡Vitoria hermanos, nosotros no olvidamos!, perduran aún en la razón y en los corazones de quienes fuimos testigos de la tragedia, y nos traen al recuerdo los versos de Neruda.