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MEMORIA HISTÓRICA

La gran aportación de Aerle son los casi 9.000 nombres recuperados de la Prisión Central de Astorga

La Asociación de Estudios sobre la Represión en León (Aerle) ha culminado la elaboración del censo de hombres y mujeres represaliados durante el franquismo en la provincia leonesa, con un total de 18.316 nombres, de los que 4.959 han sido extraídos del registro de la prisión provincial de León, 9.824 en el de la Prisión Central de Astorga -este penal fue suprimido en 1943-, 92 corresponden a otras penitenciarías y 2.737 figuran en los registros civiles. El proyecto ha sido subvencionado por el Estado y su periodo de ejecución era de 15 meses, aunque el análisis de todos los datos recopilados llevará mucho más tiempo. De hecho, miembros de la asociación aún trabajan en completar las primeras estadísticas, referidas al sexo de los represaliados, a los que fueron sometidos a paseos y a otras muchas variables que a partir de hoy ya están a disposición de familiares e investigadores en varios tomos archivados en la sede de la asociación.

El trabajo fue concebido «para recuperar del olvido la memoria de miles de leoneses asesinados, unos por defender el orden constitucional de su tiempo, otros simplemente por haberlo respetados sin desarrollar actividad alguna; y tanto unos como otros, perseguidos de muy diversas formas, desde la muerte hasta el encarcelamiento, la persecución laboral, el expolio de su patrimonio, la persecución, la vejación, burla y mofa a sus familiares por el mero hecho de serlo, etcétera», explica la memoria final del informe.

No todos los que son

El censo implicó la recogida de datos sobre la represión franquista, exclusivamente en el ámbito de la provincia leonesa, entre los años 1931 y 1975 en archivos penitenciarios, municipales, judiciales y particulares, para lo que se recorrieron los 211 municipios leoneses.

Uno de los aspectos que más resalta la presidenta de Aerle, María Encina Cendón, son las trabas con las que se han encontrado los autores de la investigación en varios registros civiles, en ocasiones teniendo como consecuencia reclamaciones contra las decisiones judiciales que les impedían acceder a ciertos archivos. Jueces de los partidos judiciales de León, Villablino, Ponferrada y La Bañeza no autorizaron el acceso de los investigadores a los archivos, circunstancia que tuvieron que rectificar después de que la Dirección General de los Registros y del Notariado estimase los recursos de apelación.

Los ayuntamientos tampoco ofrecieron una gran ayuda. La asociación envió una carta a los 211 alcaldes solicitándoles información sobre la existencia de datos en los archivos municipales y, aunque no se puede generalizar, «se puede decir que la gran mayoría ignoró nuestra solicitud».

Documentación digitalizada

Los más de 18.000 nombres han salido de revisar todos los archivos y de realizar un examen minucioso de la documentación, sobre todo de la referida a aquellas personas que sufrieron algún tipo de represión de carácter político. Una vez localizados los expedientes, fueron fotografiados uno a uno y pasados a formato digital, o en su defecto fueron fotocopiados o transcritos. La información ya ha sido clasificada, ordenada alfabéticamente y agrupada en cajas, además de que ya se ha configurado una base de datos informatizada con cargo al Instituto Leonés de Cultura. La cifra con la que ha concluido esta investigación contrasta frontalmente con la que recientemente se presentaba en un libro financiado por la Fundación 27 de marzo, presidida por el ex secretario regional de UGT Fermín Carnero, que documentaba la ejecución de 14.500 hombres y mujeres en las nueve provincias de Castilla y León. Según el libro Testimonio de voces olvidadas , coordinado por el profesor de Historia de la Universidad de Valladolid Enrique Berzal, León y Valladolid sobresalen en sus estadísticas, con más de 3.000 víctimas en cada provincia.

Muchos más de los que había

En el trabajo, «a falta de meterse en los pueblos», se ha documentado también la ejecución de 2.500 personas en Burgos, de 2.000 en Zamora, de mil en Salamanca y otras tantas en Ávila, de 300 víctimas en Soria y 360 en Segovia.

La cifra de 14.500 represaliados aportada por este estudio ya suponía un récord, puesto que, durante el franquismo y en investigaciones posteriores no se había superado la documentación de más de 6.700 víctimas.

«La gran mayoría de los alcaldes ignoraron nuestra solicitud para acceder a los archivos municipales»

MARÍA ENCINA CENDÓN

Presidenta de Aerle

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