El desgobirno de los jueces
Francisco Altemir
Attac 8 de Abril de 2008
"Este palacio de Justicia es inmenso [...], por desgracia..., no huele demasiado bien, estoy seguro de que en alguna parte tiene que haber una rata muerta" Ugo Betti, "Corrupción en el Palacio de Justicia"
Reconozco que, por mi condición de ingeniero, el mundo del derecho y, concretamente, el de la administración de Justicia constituye un misterio indescifrable que se mueve por otros criterios diferentes al del resto de los mortales.
Las pocas veces que he visitado algún juzgado me he horrorizado ante el desorden de expedientes, legajos, o como quiera que se llamen, acumulados en mesas, sillas, estantes y suelo. Consideraba imposible que se pudiese trabajar en esas condiciones sin estar sujetos a error. A ello se une el peculiar lenguaje o jerga empleada; durante tres años he desempeñado la función de tutor judicial de una tía carnal nonagenaria. De vez en cuando recibía del Juzgado un escrito, providencia, auto o como se llame, escrito de una forma tal que no entendía nada a pesar de que soy un lector empedernido con miles de volúmenes en casa. La zozobra que me ocasionaba la recepción de tales documentos ininteligibles cesaba cuando, personado en el Juzgado, me descifraban su significado. Generalmente se trataba de un formalismo intrascendente; eso sí: lo recibía por correo certificado y con uno o dos meses de retraso.
Recuerdo otra prueba de la incapacidad de la judicatura para organizarse y trabajar con un mínimo de racionalidad. En Madrid, hasta que se construyeron los Juzgados de la Plaza de Castilla en los años 80 del siglo pasado, el Juzgado de Guardia tenía su sede en el complejo de las Salesas, sede del Tribunal Supremo. Cada día entraba de guardia. un juzgado diferente que se trasladaba con sus enseres: mesas, sillas, máquinas de escribir etc. Todos los días se procedía a dos mudanzas de muebles, la del juzgado entrante y la del saliente. Inverosímil pero cierto
El Consejo General del Poder Judicial
En teoría la justicia emana del pueblo, por lo menos así lo reconoce nuestra Constitución (Art 117, CE). Parecería razonable que el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces (Art 122, CE) fuese elegido democráticamente por el pueblo "soberano". Nada más lejos de la realidad: está formado por jueces y abogados de prestigio elegidos por el Congreso y el Senado a propuesta de los partidos políticos.
D. Benito Pérez Galdós tenía razón cuando achacaba los males de España. a la proliferación de abogados (Doña Perfecta, 1876). En la actualidad el pensamiento "moderno" es dictado por los economistas "ortodoxos", de tal forma que todo el mundo habla del PIB o de la renta per capita. Pero los profesionales del derecho siguen estando ahí con el convencimiento de que para transformar la realidad hay que hacer muchas leyes y publicarlas con grandes aspavientos. En España tenemos una pléyade de profesionales que viven del derecho: jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado, notarios y registradores (funcionarios con el privilegio de cobrar por arancel, lo que es incompatible con la ausencia de privilegios en una democracia), procuradores (nadie, con mínimo de frente, entiende la existencia de estos intermediarios), abogados, abogados de secano o de reconocido prestigio. Teóricamente vivimos en un Estado de Derecho en el que éste brilla por su ausencia como corrobora la sabiduría popular: "Tengas pleitos y los ganes." "Más vale un mal arreglo que un buen juicio". "La justicia es para ricos", (léase, los Albertos) etc. Tengo la sospecha que el sector económico más importante en España es el de los abogados, mucho más que el eléctrico, la banca o la construcción. Existen muchos profesionales del derecho pero: "No hay Derecho" vuelve a afirmar la vox populi. Nuestro Estado no es de Derecho, es Pleitista, como prueba constantemente Esperanza Aguirre, quien cuando no pleitea con su amigo Gallardón lo hace con el Gobierno Español o con la Comunidad Europea.
Sería interesante conocer qué porcentaje del PIB convencional corresponde a las actividades de los profesionales del derecho.
Pero yo quería escribir de la ineficacia e ineficiencia del Consejo General del Poder Judicial, auténtico órgano de desgobierno de los jueces y de la justicia, enfrascado en luchas partidistas y que ha dado especimenes tan turbios como el juez Estevill, aparte de las no actuaciones sospechosas, como el caso de la juez Pilar Ramírez y su padre en Marbella, en tiempos del alcalde Jesús Gil. Hubo inclusive un detenido "suicidado", pero nunca se supo la verdad. Bien es verdad que en aquella época el alcalde de Marbella (en 1993, si no me falla la memoria) organizó Congresos en los que participaban miembros del CGPJ (Manzanares, Mariscal de Gante…) que eran debidamente agasajados dada su relevancia social.
Dice la prensa (5-4-2008) que en Madrid hay 3.000 condenados huidos para evitar la cárcel y que los juzgados tienen 35.000 sentencias pendientes. ¿Qué pensaríamos de un cirujano que no cosiese la operación realizada a un paciente y la demorase años?. El paciente moriría evidentemente, el cirujano sería procesado y condenado.
¿Qué pasaría si un piloto no cumpliese con los protocolos para aterrizar, no obedeciese las órdenes de la torre de control y se estrellase?
Todas las profesiones tienen sus protocolos de actuación y se efectúa un seguimiento de las operaciones realizadas quedando debidamente registradas.
Todas, menos una: la de los jueces, cuyo órgano de gobierno ha preferido participar en luchas fratricidas, corporativas y de partido antes que ORGANIZAR los juzgados y establecer protocolos de actuación de tal forma que se encendiesen LUCES ROJAS para avisar de los incumplimientos o de las actuaciones a realizar. Achacar a la FALTA DE MEDIOS, es una excusa imperdonable. La informática y el empleo de ordenadores ha venido a simplificar las cosas, pero los que hemos tenido una vida profesional que empezó a mediados del siglo pasado sabemos y, así hemos procedido, que el control se puede llevar a mano. Lo que hace falta es tener voluntad para hacerlo y humildad para realizarlo, cosa que no han tenido SUS SEÑORÍAS.
El caso de la niña asesinada en Huelva, supuestamente por un convicto en libertad por un fallo judicial, clama al cielo. Se pide que el juez responsable sea debidamente sancionado. Creo que el pecado, por llamarle de alguna forma, no es individual, sino estructural o del sistema. La culpa es del órgano de gobierno de los jueces que llevan treinta y tantos años de inoperancia, incompetencia y de defensa de un corporativismo inconstitucional. Soledad Gallego Díaz se pregunta certeramente: ¿Se cae la cara de vergüenza? F1.pdf.
Particularmente pienso que los miembros del CGPJ no deberían ser profesionales del Derecho y mucho menos jueces, pero así viene consagrado en la Constitución (redactada por profesionales del derecho). Existe un miedo reverencial hacia la figura del juez como advertía Napoleón, temor que es inculcado en las Facultades de Derecho y que permanece en el inconsciente con perjuicio de la independencia y ausencia de prejuicios que debe tener un órgano que gestione con eficiencia. También creo que los miembros deberían ser elegidos por el pueblo soberano, al igual que los otros pilares del Estado. Pero es harina de otro costal, la Constitución ha demostrado sus insuficiencias y carencias en estos años y habría que ir pensando en reformarla.
Francisco Altemir, Attac Madrid







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