El presidente fundador y senador del PP, Manuel Fraga, no comparecerá ante la Comisión Especial del Parlamento que investigará los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria. "Es absolutamente obvio que los que quieren tensión la están provocando", señaló ayer a este periódico. Fraga no tiene intención de acudir al Parlamento ni de enviar sus respuestas por escrito. "No voy a ir ni a contestar absolutamente a nada", dijo.

A su juicio, la Cámara autonómica es "totalmente incompetente para llamar para nada a una persona que fue ministro del Gobierno de la nación hace treinta años". Si finalmente recibe la petición de comparecencia, "la responderé con un saluda que contendrá estos razonamientos", anunció.

Fraga entiende que la iniciativa de la comisión parlamentaria no se puede separar de la situación que vive la izquierda abertzale. "Están que fuman en pipa por lo que les está pasando, por la ilegalización". "Si quieren divertirse, que se divertan solos, aunque ya es malo que lo hagan con una tragedia como aquélla, que padecieron personas malmovidas por algunos", añadió.

El senador del PP resaltó su actuación tras el 3 de marzo como uno más "de los muchos servicios prestados". "Entre ellos estuvo el de ir allí y resolver las cosas, que ocurrieron mientras yo me encontraba de viaje en Bonn". "Confío en que esto termine aquí", añadió.

La presidenta de la comisión, Maixabel Azpillaga, no quiso hacer ninguna valoración. "Quiero que la comisión transcurra tranquila y que podamos hacer un trabajo riguroso y honesto", se excusó. El presidente de la Asociación del 3 de marzo, Andoni Txasko, señaló que Fraga "va a quedar retratado". Su negativa "habla por sí misma, indica que algo tiene que esconder".

El PP respaldó la negativa de Fraga. "Me parece normal que entienda que un Parlamento no debe convertirse en un departamento de historia de una universidad ni asumir funciones ilegítimas y distorsionadas de tribunal", señaló su portavoz y secretario general, Carmelo Barrio. A su juicio, los impulsores de la comisión, a la que se opuso el PP, "quieren aprovechar esta comisión para sacar ahora rendimiento político de algo ocurrido hace 32 años, en una situación complicada en España, y cuando ni siquiera existía esta Cámara".

Además de los ex ministros Manuel Fraga, Rodolfo Martín Villa y Alfonso Osorio, la comisión pedirá que comparezcan el gobernador civil en la época, Rafael Landín, el comisario de la policía García Abad, el capitán al mando de las dotaciones de la Policía Armada durante los sucesos, Jesús Quintana Saracibar, y el general Angel Ugarte, responsable del CESED. También serán citados Gonzalo Vera Fajardo, secretario entonces del obispado; Manuel Lejarreta, presidente de la Diputación alavesa; Iñigo González Inchaurraga, historiador; Félix Placer, testigo y sacerdote vinculado a la izquierda abertzale; José Luis Griñas y Antonio Quilchano, también sacerdotes, así como el magistrado Juan Bautista Pardo, que intermedió entre empresarios y trabajadores para la readmisión de los despedidos.