El Mapa de Fosas en Andalucía contabiliza más de 53.000 fusilados en la región, dato que aumentará según continúen las investigaciones
M.G.López/Granada Digital/29-11-2007

Investigadores de las ocho provincias andaluzas creadores del Mapa de Fosas Comunes en Andalucía han contabilizado un total de 53.665 fusilados enterrados en 648 fosas comunes. Datos que podrían seguir aumentando conforme avancen las investigaciones y cuyo resultado han publicado en este documento presentado hoy en el Congreso Internacional ‘Historia y Memoria’ celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada.
Las asociaciones que han llevado a cabo los análisis piden que se pueda continuar con el trabajo en una segunda fase de investigación, que se cree una organización de apoyo a los familiares de los represaliados durante la Guerra Civil española, que se publiquen los resultados con el nombre de sus autores, colgar la información en Internet y desarrollar una normativa sobre las exhumaciones.

Son algunas de las conclusiones a las que han llegado tras realizar esta investigación, la primera que se hace en España y una de las medidas de la Ley de la Memoria Histórica. Se trata de una labor faraónica que se aproxima a la de buscar una aguja en un pajar, sólo que en este caso la tarea ha sido analizar los nombres de los asesinados durante la contienda, el número de fosas comunes en la región, si están en cementerios o fuera de éstos, etc. Así, provincia por provincia, y sobre todo, pueblo por pueblo, analizando archivos y haciendo uso, incluso, de información oral a partir de los familiares, se han llegado a estas cifras que, a continuación, en una mesa redonda, han debatido los profesores Miguel Botella, de la Universidad de Granada, y Francisco Echevarría, de la del País Vasco.

En Granada, unos 12.000 fusilados se encuentran en unas setenta a cien fosas repartidas por la provincia. Sus expedientes fueron borrados a base de quemarlos por parte de la dirección de la cárcel, según Francisco González, quien asegura que el complot contra las elecciones "ganadas legítimamente" por el Frente Popular estaba "perfectamente organizado"´desde antes de la sublevación.

La asociación Memoria Histórica y Justicia Andaluza ha sido otra de las encargadas de realizar la investigación de las fosas en Sevilla, Córdoba y Huelva. Según ha contado su representante, Rafael López, han revisado la bibliografía, buscado archivos e informantes claves, han realizado una ficha por cada uno de los pueblos con todos los datos necesarios y han utilizado documentos anexos como fotografías y listados para una investigación que se ha llevado a cabo en los dos últimos años.

Así, tanto en Sevilla como en Cádiz se han identificado 116 fosas con 11678 y 3054 víctimas, respectivamente. En la primera provincia, el 74% de los restos humanos se encontraban en cementerios, mientras que en Huelva sólo el 59% se han podido encontrar en camposantos. Aquí, los fusilados alcanzaron la cifra de 9.725. En total, y según las estimaciones, más del 85% de los pueblos de estas tres provincias tienen fosas de los asesinados en la Guerra Civil, mientras que las exhumaciones, escasas, tuvieron lugar especialmente en las décadas de los 70 y 80.

En Málaga fueron 6.650 las víctimas enterradas en 82 fosas; en Jaén, 2.641 fusilados en 28 fosas y en Almería, alejada geográficamente de la contienda, se han cifrado unos 400 en 6 fosas.

La petición de ayuda a las administraciones no está exenta de razón: los investigadores se han encontrado, según Rafael López, con muchas dificultades, como problemas de acceso a la "propiedad" de los datos y poca investigación previa sobre el tema, por lo que los archivos analizados estaban "abandonados y desordenados".

Las investigaciones han sido presentadas por Rafael López, de la asociación Memoria Histórica y Justicia Andaluza; Francisco González Arroyo, de la asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y Rocío García en representación del Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica.

El Tribunal de Responsabilidades Políticas

En la jornada de mañana se hablará de la investigación que se ha llevado a cabo por nueve universidades andaluzas y 32 expertos sobre el llamado Tribunal de Responsabilidades Políticas, encargado de incoar expedientes a 53.000 personas –según los datos hasta ahora analizados- que habían pertenecido al Frente Popular -entre ellas un 4% fueron mujeres-. Este tribunal tenía como finalidad incautar sus bienes tras culparlos de los "males materiales y espirituales de España". Lo hicieron con carácter retroactivo, de forma que a gente que había sido fusilada en 1920 se les incoaba responsabilidades y la multa recaía en la familia, viuda e hijos.

La investigación, de gran envergadura ya que abarca las ocho provincias de Andalucía con el apoyo de la Junta, es la primera que se ha realizado de estas características. Trata de analizar pueblo por pueblo y con una única base de datos. Para la incoación del expediente se necesitaban cuatro informes: del alcalde del pueblo, el cura, el comandante de la Guardia Civil y de la Falange o las JONS. En dicho informe se decía lo que habían hecho estos ciudadanos durante la República y los bienes que tenían.

Se calcula que en España, según los datos provisionales, pudo haber más de un cuarto de millón de expedientes, y sólo en Andalucía fueron 70.000. La investigación, que comenzó hace un año y medio, prevé estar terminada en 2009. Estos primeros resultados se presentarán mañana viernes en el Congreso Historia y Memoria por Antonio Barragán Moriana, de la Universidad de Córdoba, y Fernando Martínez López, de la Universidad de Almería).