El Ejército:

Por otra parte, tampoco faltaron las informaciones relativas a presiones dentro del propio Ejército -Herald tribune, Le Figaro-. Según éstos, por un lado estarían los militares que no veían con buenos ojos el hecho de que fuese el Ejército el encargado de juzgar hechos civiles tan graves. Entre ellos se citaba al Capitán General de la VI Región Militar, Tomás García Rebull. Por otro, estaría un sector "duro", representado por personas como el General Fernández de Córdoba o el Capitán General de Cataluña, Pérez Viñeta -que pidió mano dura a Franco-. Este sector incluso habría pretendido un Gobierno de concentración presidido por el Teniente General Díez Alegría, entonces Jefe del Alto Estado mayor del Ejército. Varias informaciones hicieron asímismo referencia a reuniones de Oficiales de Caballería en Carabanchel.

Estas tensiones en el Ejército, si realmente existieron, fueron dominadas y solucionadas con algunos ascensos como el nombramiento de García Rebull como Capitán General de la I región Militar, o el de Carlos Iniesta Cano como Director de la Guardia Civil.

Durante los largos días que transcurrieron entre el fin de la Vista y la fecha de la Sentencia, los medios de comunicación europeos insistieron en informaciones relativas a la salud de Franco y a posibles desavenencias internas en el Gobierno, que explicarían la demora en el fallo. En efecto, basándose en una pancarta de la Plaza de Oriente, en la que se leía "Del Opus líbranos Señor", algunos corresponsales quisieron ver lo que llamarían "lucha entre halcones y palomas en el Gobierno", refiriéndose a una posible pugna por el poder entre Falangistas y miembros del Opus, un enfrentamiento que se reflejaba también en la oposición de estos últimos a las penas de muerte que pedían los primeros.

La Iglesia:

Además de prestar locales para reuniones y encierros, se redactaron cartas pastorales para su lectura como homilías. La que quizá tuvo más repercusiones fue la que se dio a conocer el 22 de noviembre, firmada conjuntamente por el Obispo de San Sebastián Jacinto Argaya, y el Administrador Apostólico de Bilbao, José María Cirarda.

En ella se afirmaba que "..De acuerdo con nuestros dos sacerdotes ... interesados, pedimos que la audiencia fuera pública.. Nos hemos dirigido una y otra vez a S.E. el Jefe del Estado y a su Gobierno pidiendo que este juicio se celebre ante los Tribunales ordinarios y no ante un Consejo de Guerra..... Pedimos solamente que la justicia se administre por los Tribunales ordinarios... Hemos pedido, en fin, sea cual fuere el modo del juicio, la conmutación de la pena de muerte, si alguna fuere sentenciada... para que no se derrame ni una gota más en nuestras diócesis, ni en actos de violencia ni por efectos de sentencias judiciales... Reiteramos nuestra condenación de toda clase de violencias, las estructurales, las subversivas o las represivas. Identificados con el magisterio del Papa Pablo VI, tan claro, terminante e insistente en esta materia..."

Una tercera nota redactada por los abogados defensores, y en la que rebatían a su vez las tesis esgrimidas por el Ministerio de Justicia -a cuyo frente se hallaba Antonio María de Oriol y Urquijo- no fue publicada por la prensa. En ella, los abogados acusaban: "...Uno de los argumentos de la defensa, expuesto en sus escritos, es la impugnación de la validez del Decreto de 21 de septiembre de 1960, por considerarlo anticonstitucional. La afirmación de la nota ministerial del pleno vigor de esa disposición es un hecho grave que interfiere sobre la resolución del Consejo de Guerra...Los letrados que suscriben lamentan esta intervención del poder ejecutivo a través del Ministerio de Justicia..." (10).

La prensa no publicó esta carta de los abogados defensores, pero sí difundió editoriales atacando con dureza la carta pastoral. También aparecieron otras noticias en contra, como las conclusiones de la Asamblea Provincial de Alféreces provisionales, en la que "...se rechaza el contenido de la carta, lamentable, de los obispos..."
Además de esta pastoral se leyeron otras homilías en las iglesias vascas con un contenido también favorable a los encausados en el proceso.(11) Durante el secuestro, no faltó tampoco una nota firmada por el Obispo de San Sebastián, pidiendo la liberación de Eugenio Beihl. La Conferencia Episcopal Española apoyaba las manifestaciones de los Obispos vascos