El consejo de guerra de Burgos, o cómo echarse encima un pueblo:
El 3 de diciembre de 1.970, a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana se abría en Burgos el consejo de guerra contra dieciséis militantes de ETA. Para seis de ellos se pedían penas de muerte: Eduardo Uriarte, José María Dorronsoro, Mario Onaindía, Joaquín Gorostidi, Francisco Javier Izco y Francisco Javier Larena.
El sumario se había preparado bajo las órdenes del capitán general de la VI Región Militar, con sede en Burgos, general Cabanas. Al ser trasladado le sustituyó Tomás García Rebull, el encargado de dar un escarmiento a los "vascos de ETA", como se escribía entonces. El abogado de uno de los procesados, Juan María Bandrés, escribió: "Aunque parezca mentira, el proceso de Burgos lo preparó la Auditoría Militar de la Capitanía General de Burgos". Con ello señalaba la ceguera y la incompetencia de quienes estaban a punto de provocar la reacción de masas más importante contra el Régimen.
Antes de celebrar el juicio, un funcionario fue encargado por el Gobierno para entrar en negociaciones con los responsables militares del sumario y postergarlo. Si esto era ya imposible conseguir que no hubiera penas de muerte. El funcionario se llamaba Mariano Rojas García, y ejercía de jefe de los Servicios de Información del Ministerio de Información y Turismo. Mariano Rojas hizo gestiones ante el capitán Antonio Troncoso de Castro, vocal ponente, le ofreció una subdirección general a escoger, y otras prebendas si en el veredicto no había condenas de muerte. Esta propuesta la trasladó el capitán Troncoso a su superior el coronel auditor Fernándo Suárez de la Dehesa, el auténtico cerebro gris del Proceso de Burgos. Parece que la reacción del coronel por la blandura y la deshonestidad del Gobierno fue la de tender una celada a Mariano Rojas que sirviera luego de llevarle a los tribunales. Así fue. Por los cauces debidos se presentó una denuncia contra Mariano Rojas y su superior Alfredo Sánchez Bella, ministro a la sazón de Información y Turismo.
El Ejérito estaba dividido ante el Proceso de Burgos. Mientras que algunos militares creían que había llegado el momento de ejecutar penas de muerte y aplicar la dureza sin condiciones, el Gobierno, dominado por el Opus Dei y Carrero Blanco, que apenas llevaba un año en funcionamiento, sin dejar de ser duro pensaba en la inoportunidad política de una campaña a tambor batiente, en la que el desprestigio del régimen alcanzaría cotas de viejas épocas.
El coronel auditor Fernádo Suárez de la Dehesa, el capitán Troncoso y el veterano de la División Azul y capitán general de la VI Región, García Rebull, estaban por la dureza. En el Ministerio del Ejército, tanto el ministro, Castañón de Mena, como su influyente jefe de la sedretaría militar, coronel Sabino Fernández del Campo, estaban en la misma órbita que el Gobierno. después de apelaciones a la línea de mando y arduas negociaciones, se consiguió retirar la denuncia, gravísima, contra el ministro Sánchez Bella. Mariano Rojas necesitó del indulto de 1.971, conocido como "indulto Matesa" para que su sumario se archivara.
El Gobierno vivió a la defensiva el Proceso de Burgos. Estaba a expensas de las decisiones de los responsables militares del juicio y éstos sabían muy bien en qué consistía la fuerza. Si la petición del fiscal fue seis penas de muerte y 754 años de prisión, la sentencia se endureció: nueve penas de muerte y 519 años de cárcel. Para que no fuera fácil desviar la intención del tribunal, a tres procesados se les condenó a dos penas de muerte, permitiendo así satisfacer "a los políticos" y que Franco les indultara una, y ser no obstante ejecutados complaciendo a los jueces.
El 10 de diciembre, recién terminada la última sesión del consejo de guerra en la que los procesados cantan el Eusko Gudariak gera (Somos soldados vascos), el gobernador de Burgos, Trillo Figueroa, propone convocar una manifestación de adhesión a Franco y al Ejército. Se consulta con el vicepresidente del Gobierno, almirante Carrero Blanco, y éste acepta: "Sí, pero sólo en Burgos". Se celebró el 16 de diciembre. Ese mismo día el diario madrileño ABC publica una gran esquela en la que se recuerda al guardia civil Pardines, al policía Manzanas y al taxista Monasterio, "víctimas del terrorismo de ETA", "los que no olvidan su holocausto" (sic) invitan a un funeral por sus almas en la "Iglesia de la Encarnación (plaza de Oriente). Va a ser la ocasión de concentrar a importantes masas con el doble objetivo de rechazar a ETA y sobre todo atacar al Gobierno del Opus Dei. Franco se verá obligado a asistis, después de pensárselo mucho, dejando al Gobierno aún más a la defensiva que nunca.
Tardaron diecisiete jornadas en dictar sentencia. se hizo pública el día de los Inocentes para facilitar a Franco su intervención televisiva de fin de año. Las penas de muerte fueron indultadas.