La República (2)

Nada más llegar la República se plamteó la cuestión vasca. El 17 de abril de 1.931 el PNV convocó una asamblea de alcaldes y concejales vizcaínos en Guernica, que no pudo celebrarse por la prohibición del Gobierno de Alcalá Zamora, receloso del PNV que no había contribuido al advenimiento del nuevo régimen en España. Pese a ello, los alcaldes nacionalistas divulgaron un Manifiesto de los apoderados vizcaínos, en el que reconocían la República y abogaban por "constituir un Gobierno republicano vasco vinculado a la República Federal española".
A diferencia de Cataluña, que contó con la Generalidad de Maciá en 1.931, Vasconia no tuvo un organismo preautonómico ni hubo consenso a la hora de elaborar el proyaecto de Estatuto por la rivalidad existente entre las derechas (PNV y carlismo), que controlaban la mayoría de los municipios, y las izquierdas (republicanos, PSOE y ANV), que regentaban las Diputaciones provinciales designadas por el Gobierno. De ahí que el Estatuto redactado por la Sociedad de Estudios Vascos en mayo de 1.931 fuese enmendado por ambos sectores políticos dando lugar a dos proyectos distintos. El de las derechas fue el polémico Estatuto de Estella, que privaba del derecho de sufragio a los inmigrantes y contemplaba un Concordato del Estado vasco con la Santa Sede para evitar la aplicación de la legislación anticlerical de la República: fue el intento de convertir a "Vasconia en un Gibraltar del Vaticano", en expresión de Indalecio Prieto, el mayor enemigo del Estatuto de Estella. Éste fue aprobado por tres cuartas partes de los Ayuntamientos vasconavarros reunidos en la Asamblea de Estella, pero contó con la oposición de las cuatro capitales y ciudades importantes, que eran republicanas, y constituyó el programa de la coalición del PNV y la Comunión Tradicionalista, que venció al Bloque Republicano-Socialista en las elecciones constituyentes de 1.931.
Tras un verano muy conflictivo por la confrontación político-religiosa, más de 400 alcaldes entregaron en Madrid el texto de Estella el 22 de septiembre. Tres días después quedó taponado por ser inconstitucional, al aprobar las Cortes que la República fuese un Estado integral, no federal, y al regular las autonomías regionales, rechazando todas las enmiendas de la minoría vasconavarra. Ésta se retiró de las Cortes el 15 de octubre en protesta del polémico artículo 26 de la Constitución, que disolvía la Compañía de Jesús y adoptaba diversas medidas anticlericales. De ahí que ninguno de sus 15 diputados votase la ley fundamental de la II República el 9 de diciembre de 1.931. Una vez aprobada esta, el proceso autonómico vasco tuvo que empezar de nuevo. Para ello, un decreto del Gobierno de Azaña estableció el camino a seguir hasta la aprobación del Estatuto. Los tres primeros pasos tardaron dos años en llevarse a cabo por varias causas, en especial la oposición al nuevo proyecto (más restringido y más democrático que los de 1.931) por parte del carlismo y la derecha navarrista, que lograron la retirada de Navarra en la asamblea de municipios celebrada en Pamplona el 19 de junio de 1.932, y los violentos enfrentamientos habidos entre nacionalistas e izquierdistas en el primer bienio republicano. Al final de éste, el Estatuto de las Comisiones Gestoras provinciales fue ratificado por los Ayuntamientos vascos, en la Asamblea de Vitoria el 6 de agosto de 1.933. Pero mientras en Guipúzcoa y Vizcaya la votación a favor del Estatuto fue tan abrumadora que resultaba imposible de alcanzar sin métodos fraudulentos, empleador por el nacionalismo (el más interesado en la autonomía), en Álava hubo una elevada abstención debido sobre todo al carlismo.
En diciembre de 1.933 el texto fue presentado a las nuevas Cortes de mayoría de centroderecha: pero estas, menos proclives a las autonomías regionales que las Constituyentes de izquierdas, no llegaron a aprobarlo en sus dos años de vida. El Estatuto vasco se estancó al plantear el dipurado carlista José Luis Oriol y la CEDA de Gil-Robles la "cuestión de Álava", sosteniendo que esta provincia lo había rechazado en el referéndum y propugnando su retirada del proceso autonómico. Aunque no prosperó su propuesta, las Cortes del segundo bienio republicano no llegaron a resolver esta cuestión previa. Su debate en 1.934 demostró al PNV la imposibilidad de lograr el Estatuto con las derechas. La revolución de 1.934 tuvo una grave incidencia en Euskadi (hubo 40 muertos, entre ellos el diputado carlista Marcelino Oreja, asesinado en Mondragón) y la represión gubernamental afectó también al PNV, tachado de "cómplice de a revolución" por las derechas. El abismo abierto entre ambas fuerzas se hizo infranqueable a lo largo de 1.935 hasta culminar en la famosa frase de Calvo Sotelo, pronunciada en San Sebastián, de que " antes una España roja que una España rota", y en su duro ataque en las Cortes a los diputados del PNV: "Entregaros el Estatuto sería un verdadero crimen de lesa patria". Aguirre e Irujo le replicaron bendiciendo "la mano por medio de la cual nos llegue el Estatuto", que no fue otra cosa que la mano de Indalecio Prieto, al ser el principal artífice del Estatuto de 1.936.