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Gobierno del bienio negro:

La negativa de los gobiernos republicanos a tratar seriamente la reforma agraria constituyó, pues, la raíz de la desilusión de los socialistas con la República. Era un sentimiento que venía de lo más profundo, y afectaba más a los jóvenes que a los viejos, a los recién llegados que a los viejos del partido. El hecho de que fuera especialmente fuerte en Madrid era, quizá debido a que los anarquistas allí era fuertes pero muy pocos. Generalmente hablando, un pequeño grupo bien organizado de anarquistas en un terreno de los socialistas conducía a estos hacia la izquierda, mientras que en los lugares predominantemente anarquistas los socialistas eran obstinadamente reformistas. Esta política halló su figura en Largo Caballero. Como presidente de la UGT estuvo siempre alerta ante el peligro de perder terreno a favor de los anarcosindicalistas.

Las condiciones de las zonas rurales, que ya eran bastante malas en 1.933, habían empeorado rápidamente. La reducción de los salarios, los despidos de los trabajadores, el relajamiento de las leyes que protegían a los arrendatarios, permitidos y estimulados por el gobierno con la esperanza de reanimar el comercio y estimular el capital habían traído un aumento enorme de la miseria. El vizconde de Eza, un diputado monárquico y una autoridad famosa en la agricultura, declaró que en 1.934 unas 150.000 familias de campesinos carecían de lo más indispensable. Algunos pueblos tenían casi 1.000 hombres parados diez meses al año. Cuando el tal vizconde preguntó a un grupo de aquellos hombres qué solución veían ellos al problema, estos contestaron: “Dejarles que nos maten a la mitad”. La miseria era tan grande que los mismos terratenientes estaban aterrados. En parte por razones económicas, pero más aun con el designio de asestar el “golpe de gracia” a la República vacilante, habían despedido a grandes cantidades de trabajadores y cultivaban sus tierras lo menos posible. Ante tanta miseria ellos eran demasiado débiles para defenderse por sí mismo y el gobierno, que tenía un miedo atroz a otro Casas Viejas, había dado orden a la policía de mantenerse en la expectativa todo lo posible.. Así, pues, lo socialistas pudieron apoderarse, más o menos por la fuerza, de la s tierras de los hacendados y organizar colectividades en algunas provincias. ¡A tal grado de debilidad había llegado el gobierno desde que Azaña había cesado de dirigirlo!

Toda la miseria e inquietud de las regiones campesinas culminó en una huelga general en junio de 1.934. El motivo de la huelga era obligar a los hacendados a cumplir con la legislación del trabajo creada por la República y tomaron parte en ella tanto la CNT como la UGT, pero el hambre no hace buenos huelguistas y aunque habían abandonado el trabajo en 15 provincias lo reanudaron al cabo de nueve días al llegar a un acuerdo con los dueños de las tierras. Este fracaso hizo que la reacción se creciera y se sintiera más fuerte, realizando una brutal represión como lo demuestra los más de 8.000 detenidos habidos tras la huelga. Por otro lado, esta derrota tuvo efectos políticos inmediatos, ya que la burguesía aprovechó esa ventaja obtenida y se atrevió a introducir, por primera vez, a ministros de la CEDA tras la dimisión de Samper.

Entre tanto, el proceso de socavamiento de la labor de la República desde los bancos del mismo gobierno seguía su curso. Lerroux había cesado de ser el presidente del Consejo y otro radical, Ricardo Semper, había ocupado su puesto. Este gobierno era, si ello era posible, más débil y estúpidamente provocador que el anterior. Uno de sus primeros actos fue el de querellarse con los catalanes.

Lluís Companys era ahora el jefe de Ezquerra. Pronto surgieron dificultades con la cuestión agraria. Las leyes que las Cortes habían promulgado fijando las rentas y prohibiendo los deshaucios injustificados de los arrendatarios habían sido rechazadas por los radicales o no se habían llevado a efecto. Se expulsaba a los arrendatarios por todo el país como en los peores tiempos. Los hacendados catalanes no se quedaron a tras en esto. Aprovechando las características de cierto contratos largamente discutidos, empezaron a despedir arrendatarios cuyo arriendo consideraban caducado. En pocos meses, más de mil familias fueros desposeídas de la tierra que, en la mayoría de los casos, habían cultivado durante generaciones.

El gobierno de la Generalitat dictó una ley que permitía al arrendatario adquirir tierras que hubiese cultivado durante 15 años y los hacendados no aceptaron esta ley y reclamaron a Madrid. El gobierno español llevó el caso al Tribunal de Garantías Constitucionales, un tribunal cuyos miembros habían sido cambiados para que estuvieran en sintonía con el gobierno. Ante esto, Companys desafió a Madrid declarando que la let sería llevada a efecto a pesar de todo. La Lliga, que debió mediar en esto, se negó a participar en el Parlamento catalán y lo abandonó.

Al mismo tiempo que rompía con los catalanes, el gobierno se querellaba con los vascos. A causa de su participación en las guerras carlistas, los vascos perdieron sus Fueros y se les concedió lo que se llamó “Concierto Económico” mediante el cual fijaban sus impuestos y abonaban una cantidad a la Hacienda nacional.

El Partido Nacionalista Vasco, semejante a la Lliga, fue un partido de grandes industriales y de pequeños burgueses católicos y campesinos. Los vascos nacionalistas, intensamente católicos, deseaban sustraer su país de la corrosiva influencia del anticlericalismo español y gobernarse de acuerdo a las encíclicas de León XIII, sus únicos rivales eran los Carlistas, que predominaban en Navarra. La cuestión vasca quedó así resuelta con una lucha entre dos partidos ultracatólicos y conservadores, uno de los cuales esperaba realizar sus ideas religiosas y sociales creando un régimen propio lejos de las vicisitudes de los políticos españoles, mientras que el otro, que tenía las mismas ideas, prefería la política más ambiciosa de ayudar a los partidos católicos de Castilla a imponerse por la fuerza al resto del país.