El periódico La Coalición Republicana, dirigido por José Nogales, da cuenta de la masacre: “Cuando con más alegría y confianza se hallaban los manifestantes apiñados, en número superior a 12.000, en las estrechas calles adyacentes y plaza, mandaron retirar la caballería del sitio que ocupaba y acto seguido una descarga cerrada, inmensa, cuyos proyectiles barrieron aquella masa humana, puso en fuga desordenada a la multitud, que dejó en el suelo muchos cadáveres y heridos y se atropelló por las calles, lanzando gritos de pavor y de violenta ira. ¿Quién dio la orden de fuego? Hasta ahora no se sabe. ¿Fue el gobernador? ¿Fue el jefe militar? La soldadesca inconsciente, la máquina estúpida que obedece y mata, el soldado que dirige la boca del fusil al pueblo de donde salió y a donde volverá, gozaba con la vista de la pólvora y la sangre. Con el testimonio de centenares de personas que presenciaron el hecho, podemos afirmar que los manifestantes no profirieron ni un grito subversivo, no salió de ellos una provocación ni un acto que molestase a la tropa ni a las autoridades. Jamás se conoció el número exacto de muertos, hombres, mujeres, niños. Sus cadáveres se hicieron desaparecer en escombreras, en antiguas minas abandonadas... Y la fecha quedó fijada en la memoria colectiva como el Año de los Tiros.

No hay tumbas, ni epitafios, ni monumentos a la memoria de los más de cien mineros (y mujeres, niños, y ancianos) que murieron bajo el fuego graneado de los soldados del Regimiento de Pavía el sábado 4 de febrero de 1888; ni siquiera está en pie la plaza del viejo pueblo de La Mina, donde fueron masacrados, cuando reclamaban mejoras salariales y el fin de los humos tóxicos que envenenaban el aire, pero si existe en Bella Vista una estela funeraria, hecha en escoria romana,.en recuerdo de los 5 directivos de la Compañía muertos durante la I Guerra Mundial.

Las crónicas de la época, en aquella España turbulenta de la regencia de María Cristina, apenas se ocuparon del tema. Hubo algún diario republicano que pidió cuentas, pero una protesta contra la empresa más poderosa del país, que salvó de la bancarrota a la I República al pagar casi 93 millones de pesetas, en 1873, por los derechos de explotación de los yacimientos de cobre, plata y oro de Riotinto, estaba condenada a ser aplastada y sepultada en el olvido. Las Cortes apenas discutieron el incidente. Después de todo, era un suceso incómodo, ocurrido en la remota cuenca minera de Huelva. Se dijo que los muertos no pasaban de 14. Pero el sentido común te dice que fueron muchos más, entre 100 y 200 personas. Porque los soldados hicieron tres descargas con sus fusiles a bocajarro, y la plaza de la Constitución de Minas de Río Tinto estaba llena a rebosar. A aquella manifestación acudieron más de 12.000 personas de toda la región.

Ni los muertos, que nadie sabe dónde fueron enterrados, ni los heridos, curados a escondidas en las casas del pueblo, pudieron evitar entonces que la Compañía siguiera explotando los yacimientos de la misma manera artesanal, y cobrando a cada minero el precio de la pala y el pico con los que arrancaba el mineral de cobre de la tierra. La explotación de nuevas vetas, bajo el pueblo antiguo de La Mina, acabó con todo. Se derribó la iglesia, y poco a poco las calles y plazas quedaron enterradas bajo montañas de escoria. También la plaza de la Constitución, donde niños, mujeres y ancianos cayeron bajo las balas o fueron atravesados por las bayonetas, yace bajo la mina de Cerro Colorado, que funcionó hasta 2001, gestionada por los propios mineros.