¿Estado Liberal o Intervencionista?
El colectivo profesional de los médicos internos residentes (MIR) tiene previsto iniciar una serie de movilizaciones en todos los hospitales públicos de la red nacional a partir de este mes de marzo tendentes a solucionar los problemas laborales que dicen sufrir, campaña que tuvo el día 17 un punto de atención en la manifestación que se a realizó en Madrid, y nos advierten de la posibilidad de una huelga general si no se satisfacen sus peticiones antes de las elecciones autonómicas previstas para el mes de mayo.
Desconozco todas y cada una de sus reivindicaciones pero debo suponer que tendrán que ver con estos cuatro apartados ya que suelen ser genéricos a todas las reivindicaciones profesionales: a) Aspectos concernientes a su formación académica y profesional; b) Revisión de sus retribuciones económicas; c) Adecuación y mejoras en su jornada laboral; d) Disponibilidad de medios de última generación en su ambiente profesional.
Como cualquier otro sector profesional, los MIR (20.000 miembros) tienen todo el derecho que les reconoce la ley a buscar mejoras en su actividad tendentes a desarrollar su cometido dentro de una jornada laboral de duración proporcionada a la naturaleza específica de su profesión, recibir unos emolumentos justos y solicitar de la Administración disponer de los medios materiales y técnicos más apropiados para que su labor no se vea entorpecida a causa de ello. La Sanidad Pública es una de las piezas básicas en las que se sustenta el Estado de Bienestar y es un derecho de todos los españoles que viene recogido en el artículo 43 de la Constitución de 1978, por lo que resulta de obligado cumplimiento su vigilancia por parte de las distintas administraciones con competencias en la Sanidad y por el Estado; y a los profesionales que ejercitan una labor tan vocacional como esta, el adecuado grado de compromiso y responsabilidad, ya que si no ocurre uno y otro caso todos acabaremos perdiendo, por lo que se me ocurre desear el máximo éxito en las conversaciones que tengan lugar entre los representantes de los MIR y los Oficiales y que se pueda lograr un acuerdo estable y duradero que complazca a todos los implicados ya que lo que está en juego es de importancia fundamental.
En cualquier caso, veo el tema complejo y que necesitará hilar fino para poder resolverlo. En el modelo de Estado que se estudiaba como más adecuado y más realista a las circunstancias del momento se optó por abandonar el centralista, implantado en España desde el reinado de Felipe V y dar carta de naturaleza a aquellas nacionalidades históricas que se encontraban dentro de su territorio lo que supuso una dificultada añadida – la de los otros territorios, que quedaban excluidos – y para evitar agravios comparativos se decidió por aquello “ de café para todos”, con lo que el mapa del Estado Autonómico que surgió tras la aprobación de la Constitución quedó configurado por 17 Autonomías (18, con Ceuta y Melilla). A estas, como era de ley, se le cedieron competencias varias, entre ellas la Sanidad, Educación e, incluso a alguna las que tienen que ver con la seguridad, como es el caso de Cataluña y Euskadi que cuentan con policía propia.
Debido a esta circunstancia se da el caso de que para trabajadores de la administración se pueda dar la situación de que sus requisitos profesionales, sus jornadas laborales y sus salarios sufran diferencias importantes según desarrollen su labor en una Autonomía u otra y todo esto es legal, lo que puede traer consecuencias no deseables y es que, en la búsqueda de la mejores condiciones económicas los profesionales prefieran realizar su labor en aquella Autonomía que mejor salarios ofrezca y dejar sin cubrir los puestos de trabajo en aquellas otras que ofrezca menor perspectiva salarial o dejar estas en manos de los profesionales menos cualificados.
No solo la resolución del problema debe contar con buena voluntad sino también con imaginación para resolverlo. Por ejemplo, señalan los representantes de este colectivo –para apoyar sus justas reivindicaciones – que, en Baleares, un médico especialista o una enfermera de hospital asciende a los 5 años de antigüedad y sin otro requisito, mientras que en Extremadura lo hace a los 5, 12, 20, 25 años y, además, deberá demostrar haber realizados trabajos de investigación y docencia, haber presentado una auto-evaluación y estar comprometido con la organización sanitaria por medio de la exclusividad. Por otra parte, un médico en algunos servicios catalanes percibe un emolumento de 39.000 euros al mes, mientras que otro, en Baleares, recibirá 60.000 (sin guardias) También advierten de que 6.000 profesionales han optado por el extranjero para desarrollar su profesión y de que, de los 30.000 estudiantes que hoy día cursan la carrera universitaria un 25% piensa hacer lo mismo.
Todo esto no hace otra cosa que poner de manifiesto algunas de las contradicciones del sistema. Si el Estado acapara competencias,.. ¡malo! Porque es intervencionista e interfiere en las competencias autonómicas; y, si permanece con los brazos cruzados, .. ¡peor! Porque se crean desigualdades. No cabe duda de que para resolver esta situación se hace necesario el compromiso de todos y establecer un Estatuto de ámbito nacional que homogenice la situación de estos profesionales (Lo mismo se podría dar en la Administración Pública, la Educación o la Policía) pero, ... ¿Estarán de acuerdo las distintas Autonomías ..? ¿Se podrá realizar sin violar la Constitución ..?
Aunque también existen otras alternativa igualmente problemáticas: a) Si aceptamos el modelo autonómico, debemos aceptar igualmente sus consecuencias, las que nos beneficien y las que nos perjudiquen, ese es el juego; b) si creemos en la Unión Europea, en el libre movimiento de trabajadores y de capitales que establece esta, no nos debería extrañar que los trabajadores busquen aquellos países dentro de esta que le ofrezcan mejores perspectivas profesionales. Aún cabe otra posibilidad, esta aún más discutible :En una sociedad libre y democrática que busque el Bien Común, ... ¡No habrá llegado el momento en el que, en aras de conseguir este, se supedite todo a él y el Estado se haga cargo de los servicios fundamentales que garanticen estos principio básicos como son la Educación o la Sanidad? Pero, claro, esto último nos lleva a la dicotomía entre el Estado Liberal y el Intervencionista.
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